El pasado 1 de julio de 2026 entró en vigor la reforma del Real Decreto de seguridad del paciente que endurece los requisitos para ejercer la cirugía estética en España, exigiendo que estas intervenciones sean realizadas exclusivamente por especialistas en cirugía plástica o en la especialidad médica correspondiente a la zona del cuerpo intervenida.
La reforma llega después de un aumento sostenido de las reclamaciones por mala praxis en los últimos años, con un número récord de denuncias registradas en 2025, la mayoría relacionadas con cirugías estéticas fallidas. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) había advertido ya en 2025 de que un 65% de los tratamientos médico-estéticos en España se realizaban por profesionales no cualificados, y que un 20% se llevaban a cabo en espacios sin ningún tipo de regulación sanitaria, como peluquerías o domicilios particulares.
«La nueva regulación refuerza una idea esencial: en cirugía estética, la cualificación del profesional que realiza cada intervención es una cuestión de seguridad del paciente.»
La nueva norma obliga a los centros sanitarios a garantizar que la asistencia se presta exclusivamente por personal con la cualificación y las competencias adecuadas, y les da un plazo de seis meses para actualizar la documentación de todo su personal conforme a las nuevas garantías formativas exigidas. Las comunidades autónomas, por su parte, disponen de un año para adaptar sus servicios sanitarios a las nuevas definiciones recogidas en los anexos del decreto.
Es importante matizar el alcance de esta reforma: se centra específicamente en la cirugía estética, no en la medicina estética no quirúrgica en su conjunto, aunque su aprobación se enmarca en un contexto regulatorio más amplio donde el sector médico-estético en su totalidad —quirúrgico y no quirúrgico— está bajo un escrutinio creciente respecto a la cualificación real de quien realiza cada procedimiento.
Fuente: El Español / Infobae / Newtral
